La coyuntura de crisis económica en la que
estamos inmersos va a provocar la aparición de una nueva generación de jóvenes
Ni Nis: los que ni pueden estudiar, ni pueden trabajar.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, el pasado jueves 19, se reunió con representantes de todas
las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria
para comunicarles los cambios incluidos en un Real Decreto Ley. Al día
siguiente, tras una intensa reunión en la que se trató la subida de las tasas
universitarias, el Consejo de Ministros aprobó el decreto. Entre las medidas de
ahorro previsto se incluye el aumento de tasas, que deberá aplicar en mayor o
menor medida cada comunidad autónoma. Educación espera recortar de esta manera 3.000
millones de euros como medida para afrontar la crisis.
El decreto ley del Gobierno de Mariano
Rajoy, publicado ayer en el Boletín Oficial de Estado, obliga a los estudiantes
a cubrir entre el 15% y el 25% del coste de la primera matrícula, entre el 30%
y el 40% en la segunda, del 65% y al 75% en la tercera y entre el 90% y el 100%
a partir de la cuarta matrícula, aunque la decisión final de subir las tasas se
deja en manos de las comunidades autónomas, que son las que ejercen la
competencia.
En
Cataluña y Madrid, se aplicarán la subida de tasas universitarias de
manera general a todo el alumnado con el objetivo de equilibrar sus cuentas. En
las universidades públicas valencianas el coste de la matricula que pagan los
estudiantes supone un 13% del total, por lo que el incremento aprobado por el
Gobierno se traducirá en un aumento de unos 540 euros de media en la matrícula
del próximo curso.
Como muestra de la polémica decisión que se
acaba de aprobar, podemos contemplar la iniciativa de la consejera de Educación
de la Generalitat valenciana, María José Catalá, que intentó convencer al
titular de Hacienda, José Manuel Vela sobre la necesidad de limitar el impacto
de la subida de las tasas universitarias a los nuevos matriculados y a los
repetidores. Catalá pretende que esta subida se aplique a los nuevos alumnos
universitarios y a los repetidores, pero no a los estudiantes que ya están
dentro del sistema educativo superior. Es cierto que los antiguos alumnos deben
de contar con una serie de medidas de protección, pero el hecho de aplicar el
decreto únicamente sobre los nuevos alumnos y los repetidores no es más que un
rápido método para aumentar el fracaso universitario y desmotivar a los futuros
estudiantes, incrementando la tasa de paro de los jóvenes.
Es época de crisis, si, y todos los
ciudadanos deben “arrimar el hombro”, pero el derecho a la educación debería
ser prioritario. Primero los recortes en sanidad, ahora en educación. El
cinturón aprieta cada vez más y aunque los españoles estén dispuestos a
afrontar la situación, hacer cada vez más difícil la entrada a la universidad,
sobre todo para aquellos que no pueden permitírselo es poner a las futuras
generaciones una camisa de fuerza. Este decreto refleja en todos los sentidos
la situación actual, la generación “Ni Ni”, “Ni estudio, ni trabajo”,
cambiándole completamente su significado. Los “Ni Nis” son todos aquellos
jóvenes que NI estudian NI trabajan (NI NI), pero ahora, tendríamos que cambiar
la definición a “todos aquellos jóvenes que ni pueden estudiar, ni pueden
trabajar”.